Intereses bastardos

Desconozco cuáles son los intereses que mueven a las autoridades al promover la vacunación masiva de la población púber femenina española, pero sí acierto a comprender qué intereses mueven a las compañías farmacéuticas. Se trata de hacer una simple multiplicación: 500 euros que cuesta la intervención "profiláctica" por varios millones de niñas al año, igual a unos enormes beneficios, sobre todo tras acordarse la subvención pública de esta profilaxis. Entiendo que los criterios para realizar la vacunación masiva han sido estrictamente médicos, es decir, que hay un riesgo elevado de infección y la misma puede provocar efectos muy negativos para la población en general. También entiendo que existen suficientes recursos en la sanidad pública como para hacer frente a semejante sangría económica. Y por último, asumo que hay un consenso en el interior de la profesión médica.

Pues bien, ninguno de estos tres supuesto se da en la actualidad. En primer lugar, no existe ningún riesgo para la población pues la prevalencia de la enfermedad es escasa en proporción y sólo afecta a aquellas mujeres que no han acudido a revisiones periódicas. Estas revisiones pueden prevenir la enfermedad con un coste muy reducido y no tienen ningún tipo de efectos secundarios ni secuelas. De otro lado, no parece que la sanidad pública tenga que hacer frente a una supuesta pandemia vírica cuando eso supone una detracción de recursos que bien podrían ser utilizados para las enormes carencias de nuestro sistema sanitario. Y por último, no hay un verdadero consenso médico. Han sido los intereses más cercanos a las farmacéuticas los que han posibilitado esta sangría de las arcas públicas en beneficio de intereses no muy claros. Al parecer, la vacuna no ha pasado todas las pruebas necesarias y en realidad está siendo testada en aquellas personas que son vacunadas. Se han documentado un total de 18.000 reacciones adversas de la vacuna y no sabemos las consecuencias a diez años, que es el límite mínimo para saber cuales serán los efectos secundarios.

Para más confusión, se ha sabido que en Cataluña se está primando a los sanitarios encargados de administrar la vacuna mediante un sistema de incentivos económicos por objetivos cumplidos en número de vacunaciones. Desconozco si esto es legal, pero es claro que es inmoral, sobre todo cuando alguno de estos "sanitarios" se dedica a intimidar a profesionales que intentan contar la verdad de lo que hoy se sabe y consiguen que algunos padres y niñas reconsideren la posibilidad de vacunarse. Hemos de recordar que la vacunación no es obligatoria en este caso, por eso me pregunto cuáles son los intereses (bastardos) que mueven a tantos a insistir tanto. Como dijo aquel, se puede engañar a muchos algún tiempo o a algunos siempre, pero no a todos todo el tiempo.