¿Quién dijo populismo?

Ahora, tras dos años de hacer sufrir a las personas que no disponían de los papeles oportunos para estar legalmente en nuestro país, el gobierno, curiosamente en año electoral y tras la sangría de medio millón de votos en Andalucía, se acuerda de devolver la asistencia sanitaria en los centros ambulatorios a los inmigrantes sin papeles. Han sido dos años en los que estas personas, que ya sufren por una situación irregular que les impide ganarse la vida decentemente, han tenido que ver cómo eran considerados personas non gratas en España, de segunda o tercera categoría. En el caso de enfermar no podían acudir a un médico de referencia, ni obtener medicinas, a lo sumo, acudir a urgencias y soportar la saturación debida a los recortes. En urgencias, me comentaba un amigo, además, son mal vistos por la población autóctona, que piensa que tienen privilegios por el hecho de acudir directamente a ese servicio. Esto provoca reacciones xenófobas por parte de aquellos españoles que se sienten en competencia directa con los inmigrantes.

Como muy bien ha dicho el ministro del ramo, no era una medida eficiente, ni ha supuesto ahorro alguno. Nada ha dicho el interfecto de que la medida, asaz estúpida, es también inhumana. Porque lo primero que tendría que haber sopesado un partido que dice tener en su ideario la democracia cristiana, es que todos los seres humanos han de ser considerados y tratados por igual, sin mirar su condición u origen. Se trató de una medida inhumana porque expulsaba a una parte de la población residente al ostracismo sanitario. Al no disponer de tarjeta sanitaria, no tenía derecho a un médico que lo conozca y sea capaz de hacer un seguimiento; tampoco de los medicamentos básicos para mantener la salud. Se trata de una decisión que atenta contra los derechos humanos básicos y contra los principios de cualquier sociedad desarrollada. También atenta contra el Evangelio, por lo que ningún cristiano verdadero puede tolerar que esto suceda; deberá hacer lo que esté en su mano por evitarlo, sobre todo si es miembro del gobierno o partido responsable. La medida ha sido un error y un fracaso, pero la rectificación no es total, se trata de un mero maquillaje electoral.

Si el diagnóstico es que no ha servido para ahorrar y además ha generado problemas de salud pública, lo que deberían hacer es retractarse públicamente y devolver el asunto al modelo anterior. Sin embargo, en lugar de rectificar completamente, mantienen el mal mayor, que es la retirada de la tarjeta sanitaria. Aquí está el meollo del problema y la clave para entender esto: se trata de una medida ideológica, no sanitaria o económica. La ideología que subyace a la retirada de la tarjeta sanitaria es que la sanidad no es un bien común y público, sino un medio para obtener lucro por parte de empresas que se dediquen a ello. Para conseguir la privatización de la sanidad, primero hay que transformar la idea que tenemos de ella y el primer paso es hacernos ver la sanidad como un servicio más que recibimos a cambio de dinero. Las personas pasamos a ser clientes del sistema sanitario con una tarjeta que lo certifica. Quien no posee la tarjeta, no es cliente y no será atendido nada más que por urgencia. Tras este primer paso es cuestión de ir privatizando servicios abonados por el sistema público: primero las pruebas externas, después los transportes, luego los servicios anejos a los hospitales. Se trata de un modelo puesto en práctica en Valencia o Madrid y que ha resultado perfecto, pues con dinero público se sufragan beneficios privados. No hay ningún riesgo para la empresa contratista de los servicios y además se le asegura una clientela fija. Un sistema privatizado puro sería aquel en el que distintas empresas compiten por ofrecer los mejores servicios al mejor precio y los clientes eligen. Como saben que no hay clientes potenciales suficientes para una sanidad privada real, lo que se hace es privatizar los beneficios y socializar los costes del servicio.

La medida que ahora toma el gobierno tiene una función demagógica indudable. Se trata de intentar contentar a una parte del electorado que está dolida con tantas medidas impopulares y que tanto sufrimiento han causado. En su jerga, es una medida populista, pero que no surtirá ningún efecto, pues el daño ya está hecho y los posibles votos perdidos por cosas como esta no los recuperarán. En el gobierno han saltado todas las alarmas tras las elecciones andaluzas, pues ha sucedido algo peor de lo que esperaban. No temían a Podemos, fuerza política que su electorado identifica con la izquierda y a quien no votará, temen al Podemos de derechas que es Ciudadanos, cuyo discurso demagógico puede sangrar claramente al partido del gobierno, hasta el punto de tener que pactar tras las elecciones autonómicas y municipales próximas y, quién sabe, si también en las generales.