La candidatura de Íñigo Errejón a las próximas elecciones generales ha desatado todo tipo de comentarios en los medios de comunicación, poniendo el énfasis en la ruptura del espacio político creado hace cinco años llamado Podemos. Los medios de la derecha no ocultan su satisfacción por lo que a todas luces parece una división más de la izquierda que viene a nivelar la balanza, pues habría tres partidos políticos de ámbito nacional en cada lado del tablero político y la dispersión del voto no castigará con tanta fuerza a la derecha como lo hizo en los últimos comicios, donde el número de votos que obtuvieron las opciones políticas de derechas fue algo superior al conjunto de los votos de los partidos de izquierda, pero su representación política, por primera vez en la historia de la democracia española, fue inferior, debido a que el sistema electoral, por una vez, no benefició a las opciones de derechas.
Por su parte, los medios llamados de izquierdas, incluyendo a El País entre ellos en una ampliación generosa del calificativo, saludan la aparición del nuevo partido con cierta fruición, considerando unos que la candidatura movilizará la más que probable abstención de parte del electorado de izquierdas, y otros que este partido viene a poner responsabilidad a la izquierda del PSOE, una responsabilidad que estaría faltando en el núcleo dirigente de Podemos, propinando un correctivo a la altivez demostrada supuestamente en las fallidas negociaciones para la investidura. Estos medios de comunicación de izquierdas, al menos los mayoritarios, se han acogido a la tesis de que el fracaso de las negociaciones ha sido responsabilidad compartida y que, en el mejor de los casos, Pedro Sánchez habría realizado una oferta suficiente para un partido que lleva apenas cinco años en política. Nada dicen, al menos en sus titulares e informaciones, sí quizás algunos comentaristas y opinadores que escriben en esos medios, de la nula disposición de Moncloa a negociar, de la patente estrategia de dejar correr el tiempo y de la notoria arrogancia con la que el gobierno ha tratado a su supuesto 'socio preferente'.







