Rara Temporum: Spain is different?

Spain is different fue una frase acuñada durante la dictadura para que los turistas se acostumbraran a que existía un país que era en esencia igual al resto de Europa, pero con una leve diferencia, el jefe del Estado era un dictador. Esto en sí mismo ya es un acto de corrupción, pues aceptar como normal una dictadura, que es la corrupción de la política en estado puro, es transigir con un mal en sí mismo. Como todos los regímenes dictatoriales, España vivió una época en que el clientelismo, el amiguismo, el nepotismo, el abuso de discrecionalidad estaban a la orden del día. Las leyes existían, pero su aplicación se restringía a lo que la autoridad considerara. Fruto de aquello se produjo una concentración de la riqueza en una clase social gozante, como diría Miguel Espinosa[1], que había crecido al calor de la dictadura y amasado enormes fortunas. Toda la economía patria se puso al servicio del enriquecimiento de esta clase social afecta al régimen.

A partir de la Transición, España se abre al capital internacional de forma plena, y entran en juego otros intereses. Durante cuarenta años se había creado una economía de semi-autarquía que permitió tener un sector industrial importante, pero la entrada en la escena económica internacional hizo reconvertir la industria, especialmente tras la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986. La reconversión fue brutal y España pasó a integrarse en la división internacional del trabajo; turismo y servicios serían de ahora en adelante los pilares de la economía española. Aquella clase gozante se adaptó a esta nueva circunstancia y empezó a gestionar la política de modo que sus intereses se vieran favorecidos. Aprovechando la gran crisis de principios de los noventa, se empezó a desmantelar el potente sector público: comenzaron las nacionalizaciones de la banca, los sectores energéticos y comunicaciones así como todo lo que pudiera ser rentable. Estas nacionalizaciones se concluyeron a finales de los noventa y, de forma sistemática, las empresas otrora públicas pasaron a manos de los amigos de los gestores políticos, en un acto claro de corrupción institucionalizada.

Sin embargo, esto no acaba aquí. Uniendo el amiguismo y el clientelismo tradicionales desde la dictadura al soborno, el fraude, la malversación y la extorsión, en 1997 se inicia la última fase de corrupción en España. Se trata de la corrupción propiciada por dos modificaciones legales que permitieron generar una enorme burbuja inmobiliaria y financiera. La primera fue la nueva ley del suelo del gobierno de Aznar de 14 de abril de 1997, que liberaliza los usos del suelo en España eliminando la distinción entre suelo programado y no programado[2], con lo que, en la práctica, todo el suelo en España es edificable. La otra fue menos evidente, pero se produjo al flexibilizar la concesión de préstamos, especialmente cuando España entró en el euro y afluyeron los capitales excedentes de la economía centroeuropea. Entonces, la concesión de hipotecas llegó a límites irrisorios, concediendo hipotecas por el 120% de tasaciones que ya estaban infladas para personas que no tenían intención de pagarlas, sólo para especular. Fue una verdadera fiesta especuladora y la especulación, por su propia definición es una forma de corrupción.

Estas tres circunstancias: modificación de la ley de suelo para convertir todo el suelo en edificable, la flexibilización de la concesión de préstamos e hipotecas y la entrada de capitales con el euro, llevaron a España a la mayor orgía especulativa de su historia. Como consecuencia tenemos las corrupciones y corruptelas que los medios de comunicación se han encargado de airear y que ahora están bajo sumario judicial: desde el caso Gürtel, la Púnica, los Pujol y cientos de casos menos conocidos que abarcan a casi todo el arco parlamentario y a un buen porcentaje de ayuntamientos en este país[3], pues el suelo fue decretado por el poder político como el modo de financiación municipal normalizado. Con estos mimbres no se podía construir otra cosa.

Pero, lo que más daño ha hecho en España no son los casos de corrupción, sino el hecho de que la ciudadanía consintiera por activa o por pasiva estas prácticas y actitudes. A muchos se les oye aquello de “yo también lo habría hecho”, o “si tú hubieras tenido la oportunidad, seguro que también habrías pillado tajada”. Es decir, se ha socializado la corrupción como una realidad más que puede ser tolerada. En el fondo, se ha considerado que la corrupción no es un mal, y este es el peor de los males: la incapacidad para distinguir bien de mal. La corrupción moral de la población se ve en lugares donde políticos encausados por casos de corrupción volvían a ser elegidos por mayoría absoluta de la población, cosa que sólo puede explicarse mediante el clientelismo a la depravación moral más absoluta. Sólo cuando la crisis ha hecho mella en la población, y ante la evidencia de los hechos, la indignación ha saltado a la calle.

Ahora bien, la corrupción va más allá de los casos de soborno o extorsión, incluso de la extensión social de la misma; afecta a las mismas instituciones del Estado, pues los corruptos tienen a su alcance infinidad de recursos legales para que la ley no les alcance. Como dijo un alto representante del poder judicial, en España “la ley está hecha para los robagallinas”, no para los corruptos. Vemos cómo se dilatan los juicios, renuncian jueces unos tras otros o son apartados de los casos por presiones políticas y, al final, los casos quedan en una prescripción o en penas tan leves que en muy poco tiempo están en la calle, con su dinero a buen recaudo, pues no lo devuelven. El hecho de que ningún partido político cambie la ley para evitar esto, es ya un caso flagrante de corrupción, pues se alienta a que se cometa el delito si las penas no son proporcionales al mismo.

La percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía es cada vez más alta, llegando a ser el tercer problema según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Según Gonzalo González Sanz, las causas de esta percepción hay que buscarlas en tres hechos: de un lado la levedad de las penas, de otro la negligencia de la administración de justicia y de otro la crisis de valores[4]. Los dos primeros hechos corresponden a lo que los profetas denominan injusticia. El último, la crisis de valores, corresponde a la idolatría. En el mundo actual se le llama crisis de valores, pero lo que en realidad existe es una nueva valoración de las cosas: vivimos nuevos valores, no han entrado en crisis los supuestamente tradicionales, han sido sustituidos por los valores del orden económico y moral neoliberal, de los que España es campeón mundial. Estos valores son los que identificamos como idolotría: idolatría del dinero, del éxito, del confort, de la riqueza, de la abundancia. Adoramos al nuevo becerro de oro instalado en la sociedad del productivismo, progresismo y desarrollismo material a toda costa, cueste lo cueste al Planeta y a los demás.

En España se han aplicado las políticas neoliberales de forma sistemática y los españoles las hemos aprobado con nuestros votos y con nuestros actos. Se ha puesto al ser humano al servicio del lucro, se ha situado el crecimiento económico y la riqueza como el objetivo colectivo a conseguir, se ha privatizado el bien común como medio de obtener más riqueza y todo se ha hecho por el bien común. Se trata de una aparente contradicción, sólo aparente, pues en un juego lingüístico perverso, al mal se le ha llamado bien y al bien mal. He aquí la máxima corrupción posible que una vez instalada ha corroído el alma e impide ver la verdad que sí nos salvaría. De nuevo, los hombres ocultan la verdad con la injusticia.

Tras diez años de excesos inmobiliarios y financieros, después del atragantamiento de la especulación y las burbujas económicas, vino la caída y entonces se hizo más evidente aún la corrupción moral. En lugar de reconocer el mal y su origen, se culpó a la sociedad en general y se utilizaron los bienes públicos para salvar a los corruptos por esencia del modelo: las entidades financieras y las grandes empresas por su intermediación. Hasta el 40% del PIB español se utilizó para rescatar bancos y evitar que asumieran su responsabilidad, única manera de que comprendieran su pecado e hicieran penitencia. En lugar de eso, se nacionalizaron las deudas y se privatizaron los beneficios del Estado. Así, el bien común se puso a disposición del lucro privado: sanidad, educación, prestaciones sociales y pensiones. Todo se usó y se usa para evitar que los responsables principales de los males de España paguen y reconozcan su pecado, única vía de salvación posible. Eso no es sino un acto más de corrupción del poder político extorsionado por el poder financiero.

España ha tenido una historia reciente de corrupción estructural y sistémica que ha sido fruto de la idolatría más crasa y de la injusticia más lacerante, de ahí que la solución sólo pueda pasar por un cambio de lógica social y la instauración de valores sociales fuertes entorno al bien común y a la prioridad del ser humano sobre la economía y el desarrollo material.

[1] Miguel Espinosa, La fea burguesía, Alfaguara, Madrid 1990.

[2] Cf. https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/15/.

[3] Puede verse un listado en https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Casos_judiciales_relacionados_con_corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_en_Espa%C3%B1a.

[4] Gonzalo González Sanz, “Cifras y datos sobre la corrupción en España”, en Crítica 989 Enero-Febrero (2013) 15.